Los “ajustes de cuentas” históricos tienen consecuencias. Normalmente no sirven para lo que se proponen o dicen proponerse sus defensores. Concebir los procesos sociales y políticos como una sucesión de facturaciones en las cuales se turnan acreedores y deudores, acaba siendo un mal negocio para todos.
Lo digo a propósito del súbito apresamiento en Bolivia de Jeanine Áñez, quien desde noviembre de 2019, ejerció por un año la Presidencia de ese Estado Plurinacional. Su prisión es preventiva con cargos de “golpe de estado”, pero tanto los hechos como el derecho nos dicen que se está cometiendo una arbitrariedad.
Áñez era segunda vicepresidenta del Senado al producirse la crisis política tras la renuncia del Presidente Evo Morales, en medio de protestas callejeras multitudinarias contra lo que se denunciaba como fraude electoral y la pérdida de respaldo en la Fuerza Armada. La declinación a asumir el cargo por parte de quienes constitucionalmente le antecedían, el Vicepresidente del país y los titulares de las cámaras legislativas, dejó esa responsabilidad en sus manos. Su Presidencia fue reconocida por el Tribunal Constitucional y ocho días después, el 2º de noviembre, por el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales.
En medio de circunstancias muy comprometidas, Añez gobernó Bolivia y aseguró en 2020 la convocatoria a un proceso electoral limpio, confiable para todos y bajo observación internacional. El pueblo votó el 18 de octubre. Resultó vencedor el candidato del MAS Luis Arce y su triunfo fue inmediatamente reconocido por la Presidenta y por su principal contrincante Carlos Mesa, quien como candidato ante la tercera reelección de Morales había reclamado fraude en 2019. La hoy detenida por sedición se había postulado a la Presidencia para poco después retirarse de ese intento.
No veo delito, tampoco debido proceso.
Anótese que la tercera reelección de Morales fue constitucionalmente discutida. Tal posibilidad implicaba una reforma constitucional ya negada por el pueblo en referendo de febrero de 2016. Sin embargo, en 2017 lo permitió decisión unánime del mismo Tribunal Constitucional que reconocería la legitimidad de Añez en la Presidencia.
Usar el poder y los tribunales para despachar adversarios políticos es una injusticia tan vieja como dañina. En Bolivia, lejos de contribuir a la cicatrización de heridas, revive peligrosamente las aprensiones que Morales genera en amplios sectores.
