La inflación seguirá siendo el mayor escollo al que se tienen que sobreponer los países del subcontinente latinoamericano. Al menos el más inmediato. No es así solo por el perverso efecto que genera sobre la calidad de vida de la población de cada país, sino porque no hay elemento más poderoso que los precios desbocados para horadar el apego de la ciudadanía con sus gobernantes. El valor electoral que esto reviste para cada nación convierte a la inflación en el primero de los objetivos de política económica de los 26 países que componen esta área geográfica.

Cada uno de los ministros de Hacienda de nuestros países reunidos hace pocos días en Panamá tuvo que escuchar el lapidario informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el que se argumentaba, con data dura, cuáles deben ser los proyectos más importantes a desarrollar en cada país. No se salva ninguno.

El otro gran objetivo a acometer por la región en su conjunto es el de reducir la deuda pública, pero este tendrá que esperar en la mayor parte de ellos. Así tenderán a verlo quienes toman las decisiones en las altas esferas del poder, y principalmente en aquellos países gobernados por fuerzas políticas de izquierda.

Pero la realidad es que la consecuencia de los desajustes que la región enfrenta debe quitarle el sueño a cada gobierno: Latinoamérica, según el BID, apenas verá expandirse su economía en 1% en este año 2023. Ello, por supuesto, no toma en cuenta otras crisis que están en pleno desarrollo y que se han agravado después de presentado el reporte del BID, como los altibajos de la bolsa a escala planetaria. Hay razones para pensar, pues, que este escenario manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo es uno optimista.

El comentario de que este nivel de expansión es demasiado bajo para las necesidades de la región, huelga. Y también la explicación de que la razón del pobre crecimiento regional es atribuible a causas ajenas a nuestra geografía. La dramática realidad es que si no se hace un esfuerzo titánico en cada país para meter en cintura a la Economía, para fin de este año nuestros problemas sociales –la pobreza y la desigualdad social principalmente– se verán catapultados hasta niveles insospechados.

Por supuesto que hay nuevos elementos que es preciso considerar y que impactarán el desempeño de cada país de Latinoamérica y el Caribe, sin que ninguno tenga capacidad de maniobra para corregirlos. Hablamos de los efectos perniciosos de la guerra de Ucrania sobre el costo y la disponibilidad de energía en el planeta, la distorsión de las cadenas de suministro, la escasez de productos de todo género en los mercados internacionales y, por encima de todo, la posibilidad de que Estados Unidos experimente una contracción mayor de sus variables y deba hacer frente a más desempleo y mayor inflación. Si estos imponderables llegaran a tener lugar, no se podrá hablar de un crecimiento inercial en la región sino todo lo contrario: un decrecimiento inercial de 1,5%.

Culpar a terceros de los males nacionales en este escenario no resulta sensato porque ni resuelve las distorsiones internas que impactan a los administrados ni crea un mejor ambiente al gobernante de que se trate. No asignarle importancia a la variable de la deuda externa lo que hace es correr la arruga para otro momento, pero no dedicarse con tesón a corregir la escalada de los precios atenta seriamente contra la continuidad política como consecuencia directa del deterioro del tejido social. Ninguna de estas dos tareas puede ser aplazada.

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