El expresidente de Bolivia Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno (Interior) Carlos Romero serán citados a declarar en calidad de testigos por el caso conocido como «golpe de Estado I», por el que el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, está con detención preventiva.
Martín Camacho, el abogado del gobernador de Santa Cruz, informó este viernes que a raíz de un memorial que presentó la defensa de la autoridad cruceña, que fue aceptada por el Ministerio Público, se pidió la declaración de Morales, García Linera y Romero.
El abogado indicó que el Ministerio Público ha pedido a través de un «requerimiento fiscal» al Servicio General de Identificación Personal (Segip) y al Servicio de Registro Civil (Sereci) datos para conocer los «domicilios de los testigos» para que próximamente puedan brindar «sus declaraciones testificales».
El jurista manifestó que es importante que las tres exautoridades brinden su declaración, ya que el Ministerio Público señala que hubo un «preacuerdo» entre Camacho y la Policía para que «le brinde una seguridad especial a su arribo a la ciudad de La Paz» en medio del conflicto político y social de 2019 en el país.
Camacho indicó que es relevante que Romero declare porque él en «calidad de ministro de Gobierno» en ese entonces garantizó la seguridad del gobernador cruceño para entregar una carta al entonces presidente Morales.
«Esto desbarata y tira por tierra la hipótesis del Ministerio Público en su imputación que dice que había un acuerdo previo entre Camacho supuestamente a través de su padre con los policías para que le brinden seguridad especial, es por eso que es importante que el señor Carlos Romero preste su declaración», recalcó el abogado.
Sobre la declaración de Morales y García Linera sostuvo que será importante cuando den a conocer su «decisión voluntaria» de renunciar a sus cargos.
«No ha existido ninguna presión que hubiese ejercido el señor Luis Fernando Camacho directamente ni sobre Evo Morales ni Álvaro García Linera para que renuncien a su cargo y posteriormente ellos mismos de su propia voluntad decidan abandonar el país para crear un vacío de poder», enfatizó el jurista.
Camacho está acusado por los supuestos delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas, por los hechos de la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Morales y está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de La Paz desde diciembre del año pasado.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Asimismo este mes un juez boliviano amplió por sexta ocasión la detención preventiva de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el plazo de tres meses en el marco de la investigación de este caso.
Además, ya tiene una sentencia de 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado II» en el que se le acusa de situarse ilegalmente en la sucesión tras la renuncia de Morales y de otras autoridades.
Con información de EFE
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