La guerrilla y bandas delictiva aumentaron sus acciones criminales en los estados fronterizos de Venezuela con la intención de apoderarse de localidades y generar ingresos ilegales que les permitan mantener su alto poder de fuego y número de integrantes.

Así lo documentó la ONG Fundaredes en su reciente informe Contexto Violento, correspondiente a febrero. En el documento se asegura que en algunos delitos muchas veces estuvieron involucrados organismos de seguridad del Estado, que junto con grupos delincuenciales mantienen una espiral de violencia que vulnera a los ciudadanos y los somete a diversas dinámicas de convivencia impuestas.

Fundaredes concluyó que en febrero se registraron 64 homicidios, 24 desapariciones o secuestros y 12 presuntos enfrentamientos armados. Esos hechos ocurrieron en estados fronterizos y otros: Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Sucre, Delta Amacuro, Guárico, Mérida y Nueva Esparta.

Bolívar se ubicó como la entidad con más índice de violencia general y la primera en la unidad de análisis de desapariciones o secuestros, con 13 casos registrados.

Fundaredes señaló que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, así como los grupos delincuenciales llamados sindicatos, dedicados a la extracción ilegal de minerales, mantienen el poder en los municipios que integran el Arco Minero del Orinoco.

Condiciones de esclavitud moderna

Imponen sobre sus habitantes condiciones de esclavitud moderna, abusos sexuales, sometimiento y desplazamiento forzado a los pueblos indígenas, titulares de los derechos de uso y aprovechamiento de los territorios en los que ancestralmente han vivido.

La organización indicó que durante sus investigaciones conocieron que con la Operación Roraima, desplegada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desarticular a grupos armados irregulares colombianos, más de cuatro comunidades indígenas de la parroquia Tumeremo sufrieron atropellos por militares y debieron desplazarse de forma forzosa de sus zonas de residencia.

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