El gobierno británico presenta el martes un proyecto de ley contra la llegada irregular de migrantes por mar desde las costas francesas, reconociendo que fuerza con ello los límites del derecho internacional, entre críticas de los defensores de los derechos humanos.
A tres días de su primera visita a Francia, el primer ministro Rishi Sunak está decidido a atajar las travesías ilegales del canal de la Mancha, que provocan fuertes tensiones entre los Ejecutivos de Londres y París.
«Esta nueva ley enviará un mensaje claro: si viene ilegalmente a este país, será rápidamente expulsado», declaró Sunak al diario The Sun. «Los que vienen [ilegalmente] en botes no pueden pedir asilo aquí», subrayó.
Más de 45.000 personas (principalmente albaneses y afganos, pero también iraníes, iraquíes y sirios) llegaron al Reino Unido por esta peligrosa ruta el año pasado. Y ya son casi 3.000 en lo que va de 2023.
En este contexto, el proyecto de ley incluye, según filtraciones a la prensa británica, medidas para facilitar la detención y expulsión de los migrantes, a quienes se prohibiría regresar de por vida y pedir la nacionalidad británica.
«Hemos ampliado los límites del derecho internacional para solventar esta crisis», escribió la ministra de Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, en el periódico Daily Telegraph el martes, antes de presentar en el parlamento un texto que algunos califican de contrario a la legislación internacional.
Huir de persecuciones y guerras
Estas medidas fuertemente restrictivas buscan desalentar los cruces y acabar con el negocio de los traficantes de personas que cobran sumas exorbitantes por la peligrosa travesía.
Pero las organizaciones de ayuda a los refugiados replican que los sucesivos endurecimientos de las normas no surtieron efecto y que los migrantes sólo abandonarán la vía irregular si las autoridades ofrecen modos legales de ir a pedir asilo al Reino Unido, actualmente muy limitadas.
«Si huyes de la persecución o la guerra, si huyes de Afganistán o Siria y temes por tu vida, ¿cómo vas a poder pedir asilo en el Reino Unido?», dijo Christina Marriott, directora en la Cruz Roja británica.
«Si la gente va a ser expulsada ¿adónde piensa enviarla el gobierno?», lanzó por su parte la oenegé Care4Calais.
El Reino Unido aprobó el año pasado una muy controvertida ley para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 6.500 km de Londres. Pero el plan fue bloqueado por los tribunales europeos y sigue paralizado.
Manifestaciones a favor y en contra
Un portavoz de Sunak afirmó que su gobierno está estudiando vías «legales y seguras» para que la gente solicite asilo en el Reino Unido, pero sin dar detalles y precisando que sólo sería «una vez que tengamos nuestras fronteras bajo control».
El primer ministro británico tiene previsto reunirse el viernes en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, meses después de que sus dos países firmaran un acuerdo de cooperación que incluye apoyo financiero británico para vigilar las playas francesas.
El tema ha estado en el centro de las disputas habituales entre el Reino Unido y Francia, a la que Londres acusó de no hacer lo suficiente.
En plena crisis del coste de la vida, la gestión de las solicitudes de asilo por parte del gobierno británico es fuente de tensiones e incomprensión para muchos ciudadanos.
A mediados de febrero, una manifestación de activistas de ultraderecha ante un hotel donde se alojaban solicitantes de asilo cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, degeneró en violentos enfrentamientos con la policía.
Otras manifestaciones contra los refugiados -y contramanifestaciones en apoyo de los migrantes- tuvieron lugar en ciudades de todo el país, como el sábado en Dover, principal puerto inglés a orillas del canal de la Mancha.
En esta ciudad del sureste de Inglaterra, los residentes se muestran escépticos ante el proyecto de ley: sus previsiones «nunca ocurrirán», dijo a la AFP uno de ellos, Matthew Stevens, de 43 años.
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