Perú nombró este jueves al exministro Gustavo Adrianzén como representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y al también exministro Gustavo Meza-Cuadra como embajador en Estados Unidos, en reemplazo de sus predecesores, que renunciaron a sus cargos tras el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Adrianzén, cuyo nombramiento fue publicado en el diario oficial El Peruano, es un abogado experto en derechos humanos, fue ministro de Justicia durante unos meses en 2015 en el séptimo gabinete de Ollanta Humala (2011-2016), cargo al que renunció tras una interpelación en el Congreso.

El que fue representante ante el organismo regional, Harold Forsyth, dimitió a su cargo el 7 de diciembre, poco después de que Castillo diera un autogolpe de Estado, lo que desencadenó la dimisión inmediata de su gabinete y numerosos embajadores.

«No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos», dijo el embajador en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.

En declaraciones a EFE, Forsyth aseguró que Castillo lideraba en ese momento una «dictadura» y que decidió dimitir para no dar su aval a una «ruptura del orden constitucional».

Por su parte, el nuevo embajador de Perú en Estados Unidos, Meza-Cuadra, es diplomático y fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2019 y 2020, durante el Gobierno de Martín Vizcarra.

Fue embajador en Guatemala, Francia, Reino Unido, así como en la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Sustituye como embajador a Oswaldo de Rivero, quien también dimitió el 7 de diciembre al denunciar la «ruptura del orden constitucional» en su país por parte de Castillo.

«Considerando la ruptura del orden constitucional en el Perú, el embajador Oswaldo de Rivero ha renunciado como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América», anunció la delegación peruana en sus redes sociales.

Ambas resoluciones publicadas en El Peruano llevan la firma de la presidenta, Dina Boluarte, y de la canciller, Ana Gervasi y detallan que las fechas en que las que los citados funcionarios deberán asumir sus funciones serán fijadas mediante resolución ministerial.

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