Medio centenar de migrantes y varios colectivos denunciaron «retrasos de meses» y falta de citas en extranjería con las que poder solicitar asilo político en España, así como permiso de trabajo y residencia.
En una protesta frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, medio centenar de migrantes de varios países hicieron fila para presentar una reclamación por escrito por estos retrasos que, según criticaron, están provocando «problemas de exclusión social y situación de calle».
Es lo que contó a EFE la dominicana Rafaela Pimentel, del colectivo Territorio Doméstico que lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, quien insistió en que «la gente se pasa día a día, meses y meses, frente a un ordenador para solicitar la cita para esa protección internacional que es un derecho, hemos venido aquí para solicitar y registrar esta queja».
Pimentel se queja de que «a raíz de la pandemia» haya que solicitar las citas «por Internet». «Es imposible, la gente madruga, se queda por las noches, intentando coger la cita y ahora mismo hay una situación que nos preocupa, la venta de citas que se está haciendo para sacarle dinero a mucha gente que no tiene», concluyó.
De lo mismo se queja Elahi Mohammad Fazle, del colectivo Valiente Bangla, quien aseguró que hay «abogados que cobran hasta 250 euros» por una cita. «No hay citas en Madrid, es imposible, la gente llega de sus países huyendo de problemas y no puede pedir asilo, no pueden vivir así, hay abogados venden las citas por 250 euros, es una vergüenza», subrayó.
Este Bangladesí compartió con EFE la situación por la que atraviesan muchos compatriotas suyos. «Sin cita no hay derechos, no pueden trabajar, no pueden ir al médico, la policía les puede detener y deportarlos, como ha pasado con seis bangladesíes recientemente», añadió.
Por esa misma situación está pasando Gonzalo, un migrante peruano, con cinco meses en España, que pagó «cien euros» por conseguir una cita, pero esta no es hasta «abril de 2024». «Hoy en día veo a mucha gente que está pagando mucho más, 150, 200, cuando debería ser gratuito porque es una ley», denuncia.
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