La decisión del gobierno del señor Maduro de liberar al general Rodriguez Torres debe originar entre los venezolanos una discusión postergada.
Para quien fuera de nuestras fronteras se encuentra, debo informar que ese general fue mano derecha de los señores Chavez y Maduro en temas de inteligencia y seguridad de Estado, así como ministro del interior de este último y, en tales posiciones, adoptó decisiones que finalmente implicaron prisión y muerte de venezolanos adversarios del proceso que en el país se desarrolla este siglo 21. Luego, de alguna manera, por opiniones contrarias a decisiones del señor Maduro cayó en desgracia y fue detenido por las mismas.
Hecha esa precisión, lee uno en las redes las críticas a la libertad acordada, bajo el argumento que el personaje tomó decisiones contrarias a los derechos humanos durante la gestión que adelantó cuando tuvo altas posiciones políticas vinculadas a los sistemas inteligencia del pais. Sucede sin embargo, que su detención no fue por ello, sino por hacer política.
Al ser esto así, resulta contradictorio que quienes abogan por un sistema de libertades para nuestro país, critiquen la medida adoptada.
El problema, en todo caso, no es la libertad, ni siquiera que la misma sea consecuencia en el fondo de una orden presidencial. El problema es la decadencia judicial del país.
En la Venezuela de hoy, lamentablemente, no hay jueces ni magistrados. Hay abogados que ocupan posiciones judiciales pero que, por no haber llegado a sus cargos por vía de concursos o no cumplir los requisitos para el mismo que la Constitución les establece, o porque no decirlo, por ser militantes políticos de carnet y todo, están sujetos a la llamada de otro para decidir conforme a la misma.
Ese panorama origina que, a lo interno del país y en ocasiones internacionalente, exista un sentimiento de desconfianza hacia el Poder Judicial, el cual sólo podrá empezar a modificarse con medidas de reinstitucionalización.
En España, en reciente entrevista, el señor Feijoo ha informado que propondrá una modificación de la ley que permite la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de la cual no podrán acceder al mismo quienes en los cinco años precedentes hubieren ocupado alto cargo público.
Si una medida como esa se adoptare en Venezuela y se acompañaré con otra estableciendo similar periodo de anticipación para renuncias a militancia partidista de quienes aspiran sentenciar en el país, originaríamos una vacancia importante en los cargos de decisión judicial.
A ello, lo repito, debemos sumar la creación de un sistema de justicia transicional y una comisión de la verdad confiable para todos que investigue con seriedad los hechos ocurridos en el país a partir del 2 de febrero de 1999 que han generado nuestra actual situación.
A todos debería alegrar que por delitos no cometidos, una persona salga en libertad pues nadie debería ir preso por hacer política. Si compartimos esa premisa, es posible que coincidamos en la exigencia para Venezuela de un sistema de independiente y confiable de justicia que investigue y sancione los delitos realmente cometidos.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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