La ministra vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, afirmó este lunes que la decisión sobre los indultos presidenciales hubiera sido «distinta» si el mandatario Gabriel Boric «hubiera tenido todos los elementos a la vista», aunque descartó un «vicio jurídico» de la medida y una posible revocación.

«Los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecido en la Constitución (…) a propósito de la solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo», agregó la ministra.

Los comentarios de la secretaria de Estado llegan dos días después de la renuncia de la ahora exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos, principal blanco de críticas por parte de la oposición tras conocerse el indulto presidencial que benefició a 13 personas, incluyendo jóvenes condenados por delitos durante la ola de protestas de 2019 y un exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El pasado sábado, fue el propio jefe de Estado chileno el que anunció el cambio en su gabinete, que además contó con la salida de su más cercano colaborador y correligionario en Convergencia Social (CS), Matías Meza Lopehandía, tras reconocer «desprolijidades» en la ejecución de los indultos de fin de año.

«Cuando en política suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades», zanjó desde el palacio de La Moneda (sede de Gobierno) el mandatario durante el fin de semana.

La polémica por los indultos creció luego que, sumado a los cuestionamientos desde la derecha por favorecer al ex-FPMR Jorge Mateluna, se hicieron públicos antecedentes de uno de los detenidos por las revueltas, que acumulaba cinco condenas por delitos menores y 26 causas en su contra.

Por su parte, Mateluna cumplía una pena de prisión por su participación en un atraco a una sucursal bancaria tras ser condenado en un proceso plagado de irregularidades y marcado por la insistencia del reo en que había sido confundido con otro.

Tras conocerse la noticia, el partido ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), formado en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), criticó con dureza al presidente y anunció el abandono de la mesa transversal de seguridad, formada por el Gobierno para buscar soluciones al tema que más preocupa a los chilenos.

Un esfuerzo que lidera la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien entró en el Gobierno en septiembre pasado tras la primera gran crisis de Gobierno y que representa un ala más moderada, de corte socialista.

A la presión hacia el Ejecutivo se sumó durante la semana pasada el partido de oposición conservador Renovación Nacional (RN), que amenazó con presentar una acusación constitucional contra Ríos por los indultos y por los errores al anunciarlos, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía por prevaricación administrativa.

La concesión del indulto en Chile es una potestad que descansa exclusivamente en el jefe de Estado, que tiene la facultad de cambiar, conmutar o dejar sin efecto una sentencia definida por el Poder Judicial.

Desde el retorno de la democracia en 1990, esta facultad presidencial ha sido aplicada en más de 1.600 ocasiones, con un máximo de 928 durante el mandato del primer presidente postdictadura, Patricio Aylwin (1990-1994). EFE

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