El Gobierno de Japón señaló hoy que está investigando la posible presencia en su territorio de las supuestas comisarías clandestinas de China, cuya existencia ha denunciado la ONG con sede en España Safeguard Defenders.

Las autoridades niponas se encuentran «recopilando y analizando la información», según dijo hoy en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, al ser preguntado por los medios sobre el tema.

«Por ahora, es extremadamente importante que Japón muestre su clara postura a China de que sería inaceptable que hubiera actividades que vulneren nuestra soberanía», dijo Matsuno, quien añadió que Japón «tomará todas las medidas necesarias mientras se clarifica la situación».

Desde que Safeguard Defenders anunció por primera vez en septiembre la existencia de 54 de estas llamadas «comisarías 110» (bautizadas así por la ONG de acuerdo al número de teléfono para llamar a la policía en China) en diversos países, el grupo ha denunciado que hay otras 48 adicionales, algunas de las cuales estarían en Japón.

Estas comisarías supuestamente están destinadas a realizar un seguimiento de residentes chinos en al menos 53 países y en ocasiones a tratar de repatriar a algunos de ellos, según la citada ONG.

Safeguard Defenders asegura que a través de estas comisarías las autoridades de Pekín han ayudado a «persuadir» a unos 230.000 ciudadanos chinos en el exterior, muchos acusados de fraude, para que retornen a su países de origen.

El Gobierno chino ha negado tajantemente las acusaciones de Safeguard Defenders, asegurando que estas oficinas se han establecido para acelerar todo tipo de trámites burocráticos para sus ciudadanos en el exterior, especialmente por los retrasos que la pandemia ha provocado en la administración pública.

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