El gobierno de Perú declaró persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la «injerencia» que consideran que han hecho las «altas autoridades» de la nación norteamericana.
«Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención», dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración.
La decisión se dio a conocer horas después después de que el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunciara que su gobierno le concedió asilo político al expresidente Pedro Castillo y a su familia, quienes según dijo se refugiaron en la embajada mexicana en Lima.
«El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo es una decisión independiente y soberana de México”, dijo Ebrard, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés López Obrador.
Canciller Ebrard rechaza expulsión
Posteriormente, el jefe de la diplomacia mexicana reaccionó en rechazo a la medida «infundada y reprobable» de la Cancillería peruana, y advirtió que el gobierno «“no variará su posición”.
En un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter, Ebrard dijo que la conducta del diplomático mexicano “ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención”.
“Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición”, publicó en sus redes sociales.
Mientras tanto, el Congreso de Perú aprobó este mismo martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución de Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores y contempla también que la actual presidenta Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios, en julio de 2024.
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